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Nuevas reglas europeas para proteger a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales.

En 2010 se aprobó una resolución sobre ingresos más justos para los agricultores, y desde entonces el Parlamento Europeo ha venido reclamando medidas para luchar contra las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Según datos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas dedicadas al procesado de alimentos pierden en torno a 2500 y 8000 millones de euros al año por este motivo, lo que equivale a entre el 1% y el 2% de su facturación.

 

En abril de 2018, la Comisión Europea presentó su propuesta legislativa en el que se concede a los Estados la autoridad para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracción, siendo así la primera vez que se aplican normas en este ámbito a nivel comunitario.

 

 

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, nuevas reglas para proteger a los agricultores frente a las prácticas comerciales desleales.

 

Esta nueva legislación establece una lista de prácticas prohibidas, como, por ejemplo:

 

  • La cancelación tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo.
  • El retraso en el pago de productos ya entregados.
  • El rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor.
  • El uso incorrecto de información confidencial.
  • La devolución de los artículos no vendidos sin haberlos pagado.
  • Obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos.
  • Cobrar a los proveedores por vender o catalogar sus productos.
  • Imponer costes de descuento al proveedor a no ser que haya un acuerdo previo entre productor y comprador.

 

Además, los compradores no podrán pedir compensaciones económicas a los agricultores en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que el mal estado del producto se deba a una negligencia del proveedor.

 

 

Prácticas que estarán permitidas si cuentan con un acuerdo previo sin ambigüedades entre las partes:

 

  • Un comprador que devuelva productos alimenticios no vendidos al proveedor.
  • Un comprador que cargue al proveedor unos gastos por asegurar o mantener un acuerdo de suministro de productos alimenticios.
  • Un proveedor que corra con los gastos de una campaña de promoción, publicitaria o de comercialización de un comprador.

 

 

Fuentes oficiales informan que esta nueva legislación no supondrá un aumento de precios para los consumidores. Las organizaciones de consumidores han defendido la regulación de estas prácticas en la consulta realizada por la Comisión debido al efecto negativo que tienen sobre los consumidores.

 

En cuanto al proceso de reclamación, la nueva normativa protege a los pequeños y medianos productores, con una facturación anual de menos de 350 millones de euros. Estos proveedores se repartirán en cinco categorías, en función de sus ingresos: hasta 2 millones de euros, hasta 10, hasta 50, hasta 150 y hasta 350. Cuanto menor sea la facturación, mayor será la protección recibida.

 

Los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, aunque la práctica desleal se haya producido en otro Estado miembro de la UE. Las autoridades nacionales serán las encargadas de gestionar las quejas, investigar los hechos y garantizar soluciones.

 

 

 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se ha mostrado bastante satisfecha con el acuerdo, pero pide que cubra mejor a España, señalan que se trata de una legislación más laxa que la española, por lo que no mejora la situación de los productos españoles.

 

 

La UPA considera que es especialmente positivo que esta nueva legislación también afecte a operadores de fuera de la UE, pero la organización agraria ha prometido que se mantendrá vigilante e interpondrá las denuncias pertinentes cuando constaten malas prácticas y lamentan que no se haya incluido la venta a pérdidas en el acuerdo.

 

 

Desde Cooperativas Agroalimentarias de España también lamentan que no se haya incorporado la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales, algo que ha venido reclamando todo el sector productor europeo.

 

Como indican en una nota, el acuerdo amplía la lista de prácticas comerciales desleales incluyendo el abuso de información privilegiada o pagos impuestos para publicidad o promoción. También se establece un período de pago mínimo de 30 y 60 días para productos perecederos y no perecederos respectivamente. Otra cuestión reclamada por Cooperativas e incluida es el anonimato de las denuncias.

 

El texto incluye que la nueva Directiva se aplicará también a los operadores de la gran distribución con sede social fuera de la UE, pero que operen en la propia UE. Y recoge que los Estados Miembros pueden establecer disposiciones adicionales, lo que protege las disposiciones actuales de la Ley española de Cadena Alimentaria.

 

 

 

Tras el visto bueno del Parlamento, el Consejo deberá adoptar el texto formalmente. Una vez publicado en el Diario oficial de la UE, los Estados miembros tienen dos años para adaptarlo a su legislación nacional. Las nuevas normas se aplicarán treinta meses después de la entrada en vigor de la directiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Revista Alimentaria

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